¡Transparencia pública, aquí y ahora!

Uno de los principales temas que ha marcado la agenda durante las últimas semanas de la contienda electoral, ha sido la relación entre la política y el dinero. Diversos comentarios, opiniones, entrevistas, editoriales y columnas han tratado de dar claridad a un límite que podría presentarse un tanto difuso.
Tomando en consideración las normas legales que rigen el Estado de Derecho en Chile, se asume que el ser empresario no es una limitante para postularse a un cargo público de tan alta jerarquía como lo es la primera magistratura. Si así hubiese sido, entre los presidentes de Chile no se podría contar a Eduardo Frei Ruiz – Tagle o Jorge Alessandri Rodríguez, entre otros. Por el mismo motivo, en Estados Unidos ningún miembro de la familia Kennedy hubiese podido optar por el camino público, lo anterior, sólo por ser herederos de una de las más grandes fortunas de su país. En Italia, Berlusconi sólo podría dedicarse a sus canales de televisión y, sus afanes de liderazgo público se limitarían a comandar al poderoso equipo de fútbol de Milán.
La pregunta es dónde está el límite que se marca entre lo privado y lo público. Cómo se resguardan los intereses del Estado y de las empresas.
Sebastián Piñera no es el primer empresario que se postulará a un cargo de elección popular y tampoco será el último. Senadores, diputados, alcaldes, concejales, presidentes de juntas de vecinos, etc., muchas veces son elegidos sólo por el caudal de recursos que inyectan a sus campañas, dineros que vienen del esfuerzo personal o de otros que, cual mecenas del renacimiento, se la juegan por personas que creen idóneas para desempeñarse en un puesto determinado.
Sin lugar a dudas que la situación generada por la postulación de Piñera es una oportunidad para legislar y aportar a la transparencia en el accionar de aquellos que representan los anhelos de los ciudadanos.
El llamado es a promulgar leyes en pro de la transparencia pública. El fideicomiso ciego, que fue noticia hace unos meses, quedó en espera de mejores tiempos para convertirse en una norma legal que se adecue a la realidad nacional y a las particulares características de nuestra cultura. Urge retomar la idea y concretar un proyecto que ayudaría en el manejo de los intereses privados y públicos de los políticos.
También es importante afinar la ley de financiamiento electoral, la que ha sido correcta en su inspiración, pero a todas luces ineficaz en la práctica. Entre otras cosas, dicha ley no aplica sanciones a las personas que infrinjan las normas que ella establece, así como deja prácticamente en el anonimato a quienes entreguen aportes que no excedan el 30 por ciento del límite de gasto de cada candidato. Algo que va en contra del espíritu de transparencia que inspiró la promulgación del proyecto.
Así es que más allá de generar un debate inocuo sobre si es válido o no que un político sea empresario, sería importante desviar la atención de la opinión pública hacia el tema de fondo, lo que implicaría propender hacia un sistema más claro donde todos aquellos que tengan intereses privados los transparenten en beneficio del bien común y de las relaciones sanas entre poderes que, a primera vista, podrían verse absolutamente contrapuestos e irreconciliables.Sería óptimo que en el próximo período legislativo, los representates ciudadanos elegidos democráticamente en las urnas, tomen conciencia de la situación y asuman la cuota de responsabilidad que les compete en el asunto. Urge una legislación moderna y eficiente que pueda poner mayores asignaciones de claridad a una relación antigua que, guste o no, se encuentra presente en el sistema democrático desde que Chile es una república independiente.